El presidente del Congreso apoyó la Ley del Aborto
Por Europa Press
Última actualización 04/01/2010@18:53:11 GMT+1
MADRID. El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, acusó de “hipocresía” a la “jerarquía eclesiástica” española por afirmar que hay motivos para negar la comunión al presidente del Congreso, José Bono, tras su apoyo a la Ley del Aborto, y no hacer lo mismo con los miembros de los Gobiernos de Aznar, que no evitaron que en sus mandatos se practicaran 500.000 interrupciones de embarazos.
“Por esa razón que ahora esgrimen deberían dejar de darle la comunión a muchos de los gobernantes que estuvieron durante el periodo 1996-2004, mientras gobernó Aznar”, manifestó Blanco.
El ministro de Fomento puntualizó que en estos años “había una ley del aborto, había una ley del divorcio, había divorcios y había abortos” y “los gobiernos no hacían nada para impedirlos según la doctrina de la jerarquía eclesiástica”. Así, dijo ver en la cúpula de la Iglesia Católica española “una contradicción permanente”, porque no amenazó con negar la comunión a nadie “mientras gobernaba la derecha y en nuestro país hubo más de 500.000 abortos”.
Por ello, concluyó que hay “demasiada hipocresía” entre los líderes de la Iglesia y les recomendó “que prediquen el evangelio en lugar de atacar las leyes que emanan de la voluntad democrática de los ciudadanos”.
El dirigente socialista se expresó así después de que la Conferencia Episcopal haya afirmado que habría motivos para no dar la comunión a Bono por apoyar la Ley del Aborto en el Congreso de los Diputados el pasado diciembre.
El presidente del Congreso argumentó que él ha apoyado la nueva norma porque entiende que reducirá el número de abortos y que, según la encíclica ‘Evangelium Vitae’, “los políticos pueden votar leyes que regulan el aborto si creen que están reduciendo el mal que significa”.
La Conferencia Episcopal Española refutó esta tesis y replica que, esa encíclica permite a un católico “votar una ley abortista cuando se trate de una norma que restrinja la injusticia de la legislación vigente”, pero sólo “siempre que no se pueda hacer otra cosa y que conste públicamente que quien se ve obligado a actuar de esa forma es contrario a toda ley que no proteja adecuadamente el derecho inviolable a la vida de los que van a nacer”.
