RELIGIÓN-MÉXICO: Buscados sacerdotes pederastas
Por Diego Cevallos
MÉXICO, abr (IPS) - Unos 40 sacerdotes católicos que huyeron de Estados Unidos acusados de pederastas vivirían ahora en México. Tras sus huellas llegó a este país latinoamericano una organización internacional que promueve además las denuncias contra religiosos abusadores de menores.
"Vamos a luchar contra la impunidad, contra el miedo de acusar a sacerdotes a quienes vemos como mayores, como siervos de Dios, cuando muchos no lo son", dijo a IPS Joaquín Aguilar, director en México de la Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés).
Esta organización está activa en Estados Unidos y Canadá, países en los que ha presentado unas 1.200 denuncias de abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes.
En México reina la impunidad para este tipo de delitos, afirma la SNAP. La Iglesia Católica niega de cuajo la afirmación.
Según Aguilar, abusado por un sacerdote en 1994, "los religiosos huyen a México porque saben que aquí los protegen tanto las autoridades eclesiásticas como el gobierno".
La SNAP, que iniciará sus operaciones en México a fines de este mes, maneja una lista de 40 sacerdotes acusados de pederastas que escaparon de Estados Unidos y estarían viviendo en México. La mayoría son de nacionalidad mexicana.
"Vamos por ellos, los hallaremos, ese es el compromiso", dijo Aguilar.
La Iglesia sufrió un sacudón en 2002 cuando en Estados Unidos se desató un escándalo con múltiples denuncias de violaciones y otros abusos contra menores cometidos presuntamente por sacerdotes y tolerados por algunos obispos.
El Vaticano organizó algunos encuentros y exhortó a sus obispos en todo el mundo a tomar medidas enérgicas contra quienes se vieran involucrados en actos de pedofilia e informar de esas acciones directamente al Papa.
Además, la jerarquía romana dispuso que todo caso sospechoso fuera rápidamente investigado y juzgado por un tribunal eclesiástico secreto, sin poner ningún obstáculo a la justicia penal de cada país.
La Iglesia "no pretende tapar el sol con un dedo y reconoce que (en México) sí han existido casos verdaderamente lamentables, aunque no tan frecuentes como algunas ONG (organizaciones no gubernamentales) han magnificado de manera malévola", dijo a fines de 2005 la Arquidiócesis Primada de México en su publicación semanal Desde la Fe.
"La Iglesia está interesada en buscar la excelencia vocacional y ella misma se ve afectada seriamente cuando malos sacerdotes denigran con sus acciones a la Iglesia de Cristo y causan daños al prójimo", por eso pide a los fieles denunciar "cualquier tipo de conducta indebida", añadió la publicación..
Tal texto surgió a raíz de que el no gubernamental Departamento de Investigaciones de Abusos Religiosos de México divulgó que 30 por ciento de los poco más de 14.000 sacerdotes activos en el país cometían algún tipo de abuso sexual contra sus feligreses. Pero no presentó una ficha técnica clara sobre cómo obtuvo esos datos.
"Nosotros creemos que esas cifras son reales, aunque la Iglesia quiera insistir en mantener a los culpables en la impunidad", sostuvo Aguilar.
"Mi caso es uno de los ejemplos. Yo denuncié a un sacerdote por los abusos que cometió contra mi persona, y a pesar de las pruebas y a que este señor también abusó contra otros, anda libre y no sabemos si aún está ejerciendo como religioso", señaló.
El sacerdote acusado por el director de SNAP es Nicolás Aguilar, quien trabajó en la ciudad de Puebla, centro del país, y en la sudoccidental ciudad estadounidense de Los Ángeles.
Nicolás Aguilar fue condenado en México por abuso de menores, pero obtuvo su libertad bajo fianza en 1999. Además, es buscado en Estados Unidos por presuntas agresiones sexuales contra 26 niños.
Nadie sabe dónde reside ahora, pero el director de SNAP señala que "no me sorprendería para nada que siga ejerciendo, como la mayoría de religiosos pederastas que son protegidos por la Iglesia".
En 2002, Abelardo Alvarado, portavoz de la Conferencia Episcopal de México, reconoció que la Iglesia mantuvo en reserva durante mucho tiempo los casos de pedofilia por proteger su imagen y la de las víctimas.
En México, el segundo país con la mayor cantidad de católicos después de Brasil, nadie sabe aún con certeza la cantidad total de religiosos acusados, pero la Iglesia afirma que son sólo unos cuantos casos aislados.
Uno de los más polémicos corresponde al fundador de la congregación Los Legionarios de Cristo, el sacerdote mexicano Marcial Maciel, de 85 años.
S bien un grupo de sus ex discípulos lo acusa de drogadicto y de haberlos violado cuando eran niños y adolescentes, el Vaticano lo declaró inocente.
El director de la SNAP en México sostuvo que además de rastrear a los sacerdotes pederastas que huyeron de Estados Unidos, la organización brindará asesoría legal y psicológica a las víctimas.
La SNAP también diseñará campañas para alentar denuncias y combatir el miedo de muchos sobrevivientes ante sus agresores y las autoridades eclesiales que los defienden.
martes, 2 de marzo de 2010
CUANDO LA SOTANA APRIETA
RELIGIÓN-MÉXICO: Cuando la sotana aprieta
Por Emilio Godoy
MÉXICO, 8 ago (IPS) - Cuando el arzobispo de México, Norberto Rivera, prestó testimonio en un litigio por encubrir a un sacerdote pederasta, la jerarquía católica de este país empezó a perder el fuero del que ha gozado históricamente.
Durante varias horas, el cardenal Rivera se sometió este miércoles a un extenso interrogatorio de los abogados de Joaquín Aguilar, denunciante del prelado ante tribunales de la estadounidense ciudad de Los Ángeles por supuesta complicidad para proteger a un sacerdote acusado de abusos sexuales.
Según Joaquín Aguilar, el sacerdote Nicolás Aguilar, con quien no tiene parentesco, abusó sexualmente de él en 1994, cuando era un seminarista de 13 años.
Además del cardenal Rivera y sus defensores, en la diligencia judicial a puerta cerrada estuvieron presentes David Dribon y Robert Waters, abogados estadounidenses de Joaquín Aguilar, y un representante del juez Elihu Berle, de la Corte Superior de la occidental ciudad de Los Ángeles.
Berle había dispuesto el interrogatorio para determinar si tenía jurisdicción sobre el caso. El magistrado emitirá su dictamen en septiembre. Si fuera favorable al juicio, sería la primera ocasión que un tribunal estadounidense acoge una demanda contra una alta autoridad religiosa mexicana por abuso sexual.
"Tenemos certeza de la falta de jurisdicción, pues los presuntos hechos que se imputan ocurrieron en México y los involucrados son todos mexicanos", dijo a la revista Proceso el abogado Bernardo Fernández, defensor del cardenal Rivera.
"Nuestra expectativa es que salga la verdad, que Rivera dé cuentas por sus acciones, nuestra meta es que la corte (de Los Ángeles) acepte su jurisdicción", dijo a IPS el activista Eric Barragán, portavoz de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas inglesas).
La SNAP, una organización estadounidense que agrupa a víctimas de acciones cometidas por sacerdotes católicos, planea abrir una oficina en México.
En septiembre de 2006, Joaquín Aguilar, de 25 años, denunció a Rivera, al cardenal Roger Mahony, arzobispo de Los Ángeles, y a Rodrigo Aguilar, obispo de la ciudad mexicana de Tehuacán, por cargos de negligencia, retención de pruebas, conspiración y trato con un delincuente.
El argumento central de la acusación es que los prelados protegieron al sacerdote Nicolás Aguilar, quien en los años 80 trabajó en la sureña ciudad de Puebla, bajo la autoridad del entonces obispo Rivera. Luego fue trasladado por éste a Los Ángeles, donde estuvo bajo las órdenes de Mahony, para regresar más tarde a México y seguir impartiendo oficios religiosos.
En los dos países, el sacerdote Aguilar fue acusado de abusar de decenas de niños que se acercaban a la Iglesia, entre ellos Joaquín Aguilar. De momento se encuentra prófugo de la justicia.
Expertos en temas religiosos consideran que el procedimiento contra Rivera es un precedente para terminar con el fuero eclesiástico de facto del que ha gozado la Iglesia Católica en este país de más de 104 millones de habitantes.
"Es un paso importante, es un buen principio. Lamentablemente, se hace en una corte de Estados Unidos y no en una mexicana", comentó a IPS Elio Masferrer, sociólogo de las religiones.
Para José Guadalupe Suárez, secretario ejecutivo del Observatorio Eclesial, el interrogatorio no tiene precedentes en la historia eclesiástica y política mexicana, por tratarse de la máxima autoridad católica del país.
"Es un punto a favor de la democratización del Estado y de la consolidación de la misma laicidad del Estado", dijo el representante de la organización no gubernamental que aglutina a seis instituciones de inspiración religiosa.
El caso parece haber desatado un enfrentamiento entre Mahony y Rivera, cuyas versiones sobre el traslado del sacerdote Nicolás Aguilar difieren.
Rivera sostiene que en 1987 advirtió en una carta a su par de Los Ángeles que Aguilar dejaba México para viajar a su arquidiócesis y que la decisión de recibirlo quedaba en sus manos, pues había sospechas de que el sacerdote era "homosexual".
Mahony niega haber recibido esa correspondencia y asegura que contrató al sacerdote mexicano sin conocer los cargos en su contra y que lo expulsó más tarde, cuando fue acusado por algunos feligreses de actos de pedofilia.
"Sin duda, alguien está mintiendo", resaltó Barragán.
En julio, la arquidiócesis de Los Ángeles acordó pagar una indemnización de 660 millones de dólares a un grupo de víctimas de varios sacerdotes, evitándose un juicio de grandes proporciones que hubiera significado revelar información comprometedora para la institución.
Entre los beneficiados figura Joaquín Aguilar. Desde los años 50, la Iglesia Católica estadounidense ha pagado más de 2.000 millones de dólares en resarcimiento a víctimas de pederastia.
"Mahony sabe que su personal tiene problemas, en esta confrontación de cardenales hay alguien que no dice la verdad", señaló el sociólogo Masferrer.
Según el análisis de Suárez, del Observatorio Eclesial, el acuerdo legal de Los Ángeles vincula a Rivera, pues uno de los demandantes era Joaquín Aguilar. "Esto da consistencia al argumento de Mahony y resta credibilidad al cardenal Rivera de desligarse y apelar al desconocimiento de los hechos", abundó.
La defensa de Rivera pidió que su testimonio permaneciera confidencial.
"Estamos seguros de su inocencia. No podrán sacar información para llevar más lejos el asunto", dijo el abogado Fernández a Proceso.
Esta semana rendirán también testimonio el obispo Rodrigo Aguilar y el denunciante Joaquín Aguilar.
La SNAP estima que unos 40 sacerdotes acusados de pederastia, muchos de ellos mexicanos, huyeron de Estados Unidos y se radicaron en México. (FIN/2007)
Por Emilio Godoy
MÉXICO, 8 ago (IPS) - Cuando el arzobispo de México, Norberto Rivera, prestó testimonio en un litigio por encubrir a un sacerdote pederasta, la jerarquía católica de este país empezó a perder el fuero del que ha gozado históricamente.
Durante varias horas, el cardenal Rivera se sometió este miércoles a un extenso interrogatorio de los abogados de Joaquín Aguilar, denunciante del prelado ante tribunales de la estadounidense ciudad de Los Ángeles por supuesta complicidad para proteger a un sacerdote acusado de abusos sexuales.
Según Joaquín Aguilar, el sacerdote Nicolás Aguilar, con quien no tiene parentesco, abusó sexualmente de él en 1994, cuando era un seminarista de 13 años.
Además del cardenal Rivera y sus defensores, en la diligencia judicial a puerta cerrada estuvieron presentes David Dribon y Robert Waters, abogados estadounidenses de Joaquín Aguilar, y un representante del juez Elihu Berle, de la Corte Superior de la occidental ciudad de Los Ángeles.
Berle había dispuesto el interrogatorio para determinar si tenía jurisdicción sobre el caso. El magistrado emitirá su dictamen en septiembre. Si fuera favorable al juicio, sería la primera ocasión que un tribunal estadounidense acoge una demanda contra una alta autoridad religiosa mexicana por abuso sexual.
"Tenemos certeza de la falta de jurisdicción, pues los presuntos hechos que se imputan ocurrieron en México y los involucrados son todos mexicanos", dijo a la revista Proceso el abogado Bernardo Fernández, defensor del cardenal Rivera.
"Nuestra expectativa es que salga la verdad, que Rivera dé cuentas por sus acciones, nuestra meta es que la corte (de Los Ángeles) acepte su jurisdicción", dijo a IPS el activista Eric Barragán, portavoz de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas inglesas).
La SNAP, una organización estadounidense que agrupa a víctimas de acciones cometidas por sacerdotes católicos, planea abrir una oficina en México.
En septiembre de 2006, Joaquín Aguilar, de 25 años, denunció a Rivera, al cardenal Roger Mahony, arzobispo de Los Ángeles, y a Rodrigo Aguilar, obispo de la ciudad mexicana de Tehuacán, por cargos de negligencia, retención de pruebas, conspiración y trato con un delincuente.
El argumento central de la acusación es que los prelados protegieron al sacerdote Nicolás Aguilar, quien en los años 80 trabajó en la sureña ciudad de Puebla, bajo la autoridad del entonces obispo Rivera. Luego fue trasladado por éste a Los Ángeles, donde estuvo bajo las órdenes de Mahony, para regresar más tarde a México y seguir impartiendo oficios religiosos.
En los dos países, el sacerdote Aguilar fue acusado de abusar de decenas de niños que se acercaban a la Iglesia, entre ellos Joaquín Aguilar. De momento se encuentra prófugo de la justicia.
Expertos en temas religiosos consideran que el procedimiento contra Rivera es un precedente para terminar con el fuero eclesiástico de facto del que ha gozado la Iglesia Católica en este país de más de 104 millones de habitantes.
"Es un paso importante, es un buen principio. Lamentablemente, se hace en una corte de Estados Unidos y no en una mexicana", comentó a IPS Elio Masferrer, sociólogo de las religiones.
Para José Guadalupe Suárez, secretario ejecutivo del Observatorio Eclesial, el interrogatorio no tiene precedentes en la historia eclesiástica y política mexicana, por tratarse de la máxima autoridad católica del país.
"Es un punto a favor de la democratización del Estado y de la consolidación de la misma laicidad del Estado", dijo el representante de la organización no gubernamental que aglutina a seis instituciones de inspiración religiosa.
El caso parece haber desatado un enfrentamiento entre Mahony y Rivera, cuyas versiones sobre el traslado del sacerdote Nicolás Aguilar difieren.
Rivera sostiene que en 1987 advirtió en una carta a su par de Los Ángeles que Aguilar dejaba México para viajar a su arquidiócesis y que la decisión de recibirlo quedaba en sus manos, pues había sospechas de que el sacerdote era "homosexual".
Mahony niega haber recibido esa correspondencia y asegura que contrató al sacerdote mexicano sin conocer los cargos en su contra y que lo expulsó más tarde, cuando fue acusado por algunos feligreses de actos de pedofilia.
"Sin duda, alguien está mintiendo", resaltó Barragán.
En julio, la arquidiócesis de Los Ángeles acordó pagar una indemnización de 660 millones de dólares a un grupo de víctimas de varios sacerdotes, evitándose un juicio de grandes proporciones que hubiera significado revelar información comprometedora para la institución.
Entre los beneficiados figura Joaquín Aguilar. Desde los años 50, la Iglesia Católica estadounidense ha pagado más de 2.000 millones de dólares en resarcimiento a víctimas de pederastia.
"Mahony sabe que su personal tiene problemas, en esta confrontación de cardenales hay alguien que no dice la verdad", señaló el sociólogo Masferrer.
Según el análisis de Suárez, del Observatorio Eclesial, el acuerdo legal de Los Ángeles vincula a Rivera, pues uno de los demandantes era Joaquín Aguilar. "Esto da consistencia al argumento de Mahony y resta credibilidad al cardenal Rivera de desligarse y apelar al desconocimiento de los hechos", abundó.
La defensa de Rivera pidió que su testimonio permaneciera confidencial.
"Estamos seguros de su inocencia. No podrán sacar información para llevar más lejos el asunto", dijo el abogado Fernández a Proceso.
Esta semana rendirán también testimonio el obispo Rodrigo Aguilar y el denunciante Joaquín Aguilar.
La SNAP estima que unos 40 sacerdotes acusados de pederastia, muchos de ellos mexicanos, huyeron de Estados Unidos y se radicaron en México. (FIN/2007)
ALEMANIA: IGLESIA CATÓLICA PROTEJE A CURAS PEDERASTAS
ALEMANIA: Iglesia Católica protege a curas pedófilos
Por Julio Godoy
BERLÍN, mar (IPS) - La Iglesia Católica protegió durante décadas a curas y religiosos pedófilos que abusaron sexualmente de niños y niñas en Alemania e impidió que fueran procesados por la justicia, según teólogos, juristas y documentos eclesiásticos internos.
La complicidad de la jerarquía eclesiástica quedó confirmada recientemente cuando ex alumnos realizaron miles de denuncias contra numerosos sacerdotes. En prácticamente todos los casos, los pedófilos sólo fueron transferidos de una jurisdicción a otra y nunca fueron procesados legalmente.
Casos similares de abusos sexuales contra niños y niñas en escuelas y otras instituciones católicas, con impunidad para los victimarios, han sido documentados en Australia, Austria, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia Italia y México, entre otros países.
En Alemania las denuncias comenzaron en enero, cuando Klaus Mertes, director de la escuela secundaria católica Canisius, de Berlín, en una carta abierta dirigida a los ex alumnos, pidió disculpas por los abusos sexuales perpetrados por los sacerdotes en las décadas de 1970 y 1980.
En la misiva, Mertes reconoció saber "desde hace años" de los abusos, y los calificó de "sistemáticos y (realizados) durante años". También exhortó a las víctimas a revelar la naturaleza exacta de ellos y los alentó a "romper el muro de silencio" que se mantiene en torno a estos casos.
Mucha atención recayó sobre la escuela secundaria Canisius, gestionada por la orden de los jesuitas y considerada una de las mejores instituciones educativas del país.
El 14 de febrero Mertes declaró en conferencia de prensa que en Canisius se produjeron "cientos" de casos de abusos sexuales y sugirió que la Iglesia Católica indemnice con dinero a las víctimas.
La abogada berlinesa Manuela Groll, que asesora jurídicamente a varias de las víctimas de la escuela Canisius, confirmó las palabras de Mertes. "Recibo denuncias nuevas prácticamente todos los días", dijo a IPS. "Estoy segura que la cantidad de víctimas llega a los tres dígitos".
Desde las revelaciones de Mertes, cientos de casos de pedofilia protagonizados por sacerdotes fueron confirmados en numerosas escuelas católicas de Alemania. Muchos de los abusos datan de los años 60 y 70, pero algunos se perpetraron incluso hasta en 2002.
Un caso típico es el de la escuela de la abadía de Ettal, otra reconocida institución católica, ubicada en Baviera, unos 600 kilómetros al sur de Berlín y próxima a la frontera austríaca. En 1969 los alumnos denunciaron a la administración los abusos sexuales de un sacerdote.
El cura, identificado como el padre M., fue separado provisoriamente de su cargo como profesor de gimnasia, pero dos años después se le permitió volver a enseñar. Los rumores de que M. seguía abusando sexualmente de los pupilos eran constantes, pero no hubo intervención oficial.
En 1984, luego de que una madre acusara a M. de abusar de su hijo, el profesor fue trasladado, pero una vez más, por poco tiempo.
En el presente, el director de la escuela, Maurus Krass, admite "que fue un error permitirle a M. enseñar de nuevo. Pensamos que había aprendido su lección", declaró a IPS.
Varios meses antes de su muerte, en 2009, M. confesó haber mantenido relaciones sexuales con sus alumnos durante años.
Casos similares fueron confirmados por otros ex estudiantes. "Siempre me parecieron nauseabundas (las relaciones con los sacerdotes), pero estaba en shock y no podía reaccionar. Además había un sistema entero de represión que hacía imposible escapar de ese círculo vicioso", señaló un ex alumno de Canisius, ahora de 48 años.
Otro ex alumno dijo a IPS que los sacerdotes invitaban a los niños a una bodega, donde los alentaban a masturbarse. Mientras, los religiosos acariciaban a los menores de edad.
"La bodega era conocida entre los niños como el sótano de la masturbación", dijo el ex alumno de Canisius.
Varias de las víctimas de los abusos se suicidaron y otros recurrieron durante años a la terapia psicológica.
Según teólogos alemanes y funcionarios de la justicia, la jerarquía de la iglesia invariablemente ocultó los abusos.
La teóloga Uta Ranke-Heinemann dijo a IPS que la Iglesia Católica "desde el Vaticano hasta los sacerdotes en el llano ayudaron a garantizar la impunidad absoluta de los abusadores. Existen dos documentos internos (que muestran) que la Iglesia Católica se toma el trabajo de mantener el abuso en el secreto absoluto".
El primer documento,"Crimen sollicitationis" (en latín, delito de solicitación), data de 1962 y fue escrito por el cardenal Alfredo Ottaviani, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, anteriormente conocida como la Inquisición.
El segundo documento, "De delictis gravioribus" (Sobre delitos más graves), fue redactado en 2001 por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, el actual papa Benedicto XVI, quien también fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
"Ambos documentos, que hoy están en posesión de todos los obispos católicos del planeta, ponen énfasis en la exclusiva competencia del Vaticano sobre los delitos sexuales como la pedofilia", dijo a IPS Ranke-Heinemann.
"En las cartas, Ottaviani y Ratzinger ordenan a los obispos del mundo a denunciar exclusivamente al Vaticano los abusos sexuales que los sacerdotes cometen contra los niños, bajo la amenaza de la excomunión. Estas amenazas provocaron una obstrucción total de las indagaciones judiciales, de otras acciones de aplicación de la ley, y la impunidad", agregó Ranke-Heinemann.
La teóloga dijo que el único castigo que recibieron los pedófilos fue "su constante reubicación. Se les transfiere continuamente de un lugar a otro. Esto les permite salir y cometer sus fechorías con total impunidad".
El 22 de febrero la ministra de Justicia alemana Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, en una entrevista de televisión con la red pública ARD, declaró que la "Iglesia Católica no parece inclinada a cooperar con el procesamiento" de los casos de abuso sexual.
De hecho, la jerarquía católica reaccionó a las revelaciones de estos últimos meses mediante una breve disculpa por escrito, leída en una conferencia de prensa el 22 de febrero por el obispo Robert Zollitsch, presidente de la conferencia episcopal alemana.
En la disculpa leída por Zollitsch se califica de "crimen nauseabundo" al abuso sexual, pero el prelado no respondió a las preguntas de los periodistas.
Un obispo alemán, Walter Mixa, incluso intentó exculpar a la iglesia atribuyendo las transgresiones a la "llamada revolución sexual de los años 60 y 70, en los cuales muchos críticos morales progresistas fomentaron las relaciones sexuales entre adultos y adolescentes".
"Los obispos alemanes no se han dado cuenta de la dimensión de los crímenes", comentó Christian Weisner, teólogo del movimiento reformista católico Somos Iglesia.
"La Iglesia Católica necesita una revolución, un enfoque nuevo hacia la sexualidad, y el procesamiento de este tipo de crímenes. De otra manera, su reputación se arruinará para siempre", sostuvo Weisner.(FIN/2010)
Por Julio Godoy
BERLÍN, mar (IPS) - La Iglesia Católica protegió durante décadas a curas y religiosos pedófilos que abusaron sexualmente de niños y niñas en Alemania e impidió que fueran procesados por la justicia, según teólogos, juristas y documentos eclesiásticos internos.
La complicidad de la jerarquía eclesiástica quedó confirmada recientemente cuando ex alumnos realizaron miles de denuncias contra numerosos sacerdotes. En prácticamente todos los casos, los pedófilos sólo fueron transferidos de una jurisdicción a otra y nunca fueron procesados legalmente.
Casos similares de abusos sexuales contra niños y niñas en escuelas y otras instituciones católicas, con impunidad para los victimarios, han sido documentados en Australia, Austria, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia Italia y México, entre otros países.
En Alemania las denuncias comenzaron en enero, cuando Klaus Mertes, director de la escuela secundaria católica Canisius, de Berlín, en una carta abierta dirigida a los ex alumnos, pidió disculpas por los abusos sexuales perpetrados por los sacerdotes en las décadas de 1970 y 1980.
En la misiva, Mertes reconoció saber "desde hace años" de los abusos, y los calificó de "sistemáticos y (realizados) durante años". También exhortó a las víctimas a revelar la naturaleza exacta de ellos y los alentó a "romper el muro de silencio" que se mantiene en torno a estos casos.
Mucha atención recayó sobre la escuela secundaria Canisius, gestionada por la orden de los jesuitas y considerada una de las mejores instituciones educativas del país.
El 14 de febrero Mertes declaró en conferencia de prensa que en Canisius se produjeron "cientos" de casos de abusos sexuales y sugirió que la Iglesia Católica indemnice con dinero a las víctimas.
La abogada berlinesa Manuela Groll, que asesora jurídicamente a varias de las víctimas de la escuela Canisius, confirmó las palabras de Mertes. "Recibo denuncias nuevas prácticamente todos los días", dijo a IPS. "Estoy segura que la cantidad de víctimas llega a los tres dígitos".
Desde las revelaciones de Mertes, cientos de casos de pedofilia protagonizados por sacerdotes fueron confirmados en numerosas escuelas católicas de Alemania. Muchos de los abusos datan de los años 60 y 70, pero algunos se perpetraron incluso hasta en 2002.
Un caso típico es el de la escuela de la abadía de Ettal, otra reconocida institución católica, ubicada en Baviera, unos 600 kilómetros al sur de Berlín y próxima a la frontera austríaca. En 1969 los alumnos denunciaron a la administración los abusos sexuales de un sacerdote.
El cura, identificado como el padre M., fue separado provisoriamente de su cargo como profesor de gimnasia, pero dos años después se le permitió volver a enseñar. Los rumores de que M. seguía abusando sexualmente de los pupilos eran constantes, pero no hubo intervención oficial.
En 1984, luego de que una madre acusara a M. de abusar de su hijo, el profesor fue trasladado, pero una vez más, por poco tiempo.
En el presente, el director de la escuela, Maurus Krass, admite "que fue un error permitirle a M. enseñar de nuevo. Pensamos que había aprendido su lección", declaró a IPS.
Varios meses antes de su muerte, en 2009, M. confesó haber mantenido relaciones sexuales con sus alumnos durante años.
Casos similares fueron confirmados por otros ex estudiantes. "Siempre me parecieron nauseabundas (las relaciones con los sacerdotes), pero estaba en shock y no podía reaccionar. Además había un sistema entero de represión que hacía imposible escapar de ese círculo vicioso", señaló un ex alumno de Canisius, ahora de 48 años.
Otro ex alumno dijo a IPS que los sacerdotes invitaban a los niños a una bodega, donde los alentaban a masturbarse. Mientras, los religiosos acariciaban a los menores de edad.
"La bodega era conocida entre los niños como el sótano de la masturbación", dijo el ex alumno de Canisius.
Varias de las víctimas de los abusos se suicidaron y otros recurrieron durante años a la terapia psicológica.
Según teólogos alemanes y funcionarios de la justicia, la jerarquía de la iglesia invariablemente ocultó los abusos.
La teóloga Uta Ranke-Heinemann dijo a IPS que la Iglesia Católica "desde el Vaticano hasta los sacerdotes en el llano ayudaron a garantizar la impunidad absoluta de los abusadores. Existen dos documentos internos (que muestran) que la Iglesia Católica se toma el trabajo de mantener el abuso en el secreto absoluto".
El primer documento,"Crimen sollicitationis" (en latín, delito de solicitación), data de 1962 y fue escrito por el cardenal Alfredo Ottaviani, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, anteriormente conocida como la Inquisición.
El segundo documento, "De delictis gravioribus" (Sobre delitos más graves), fue redactado en 2001 por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, el actual papa Benedicto XVI, quien también fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
"Ambos documentos, que hoy están en posesión de todos los obispos católicos del planeta, ponen énfasis en la exclusiva competencia del Vaticano sobre los delitos sexuales como la pedofilia", dijo a IPS Ranke-Heinemann.
"En las cartas, Ottaviani y Ratzinger ordenan a los obispos del mundo a denunciar exclusivamente al Vaticano los abusos sexuales que los sacerdotes cometen contra los niños, bajo la amenaza de la excomunión. Estas amenazas provocaron una obstrucción total de las indagaciones judiciales, de otras acciones de aplicación de la ley, y la impunidad", agregó Ranke-Heinemann.
La teóloga dijo que el único castigo que recibieron los pedófilos fue "su constante reubicación. Se les transfiere continuamente de un lugar a otro. Esto les permite salir y cometer sus fechorías con total impunidad".
El 22 de febrero la ministra de Justicia alemana Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, en una entrevista de televisión con la red pública ARD, declaró que la "Iglesia Católica no parece inclinada a cooperar con el procesamiento" de los casos de abuso sexual.
De hecho, la jerarquía católica reaccionó a las revelaciones de estos últimos meses mediante una breve disculpa por escrito, leída en una conferencia de prensa el 22 de febrero por el obispo Robert Zollitsch, presidente de la conferencia episcopal alemana.
En la disculpa leída por Zollitsch se califica de "crimen nauseabundo" al abuso sexual, pero el prelado no respondió a las preguntas de los periodistas.
Un obispo alemán, Walter Mixa, incluso intentó exculpar a la iglesia atribuyendo las transgresiones a la "llamada revolución sexual de los años 60 y 70, en los cuales muchos críticos morales progresistas fomentaron las relaciones sexuales entre adultos y adolescentes".
"Los obispos alemanes no se han dado cuenta de la dimensión de los crímenes", comentó Christian Weisner, teólogo del movimiento reformista católico Somos Iglesia.
"La Iglesia Católica necesita una revolución, un enfoque nuevo hacia la sexualidad, y el procesamiento de este tipo de crímenes. De otra manera, su reputación se arruinará para siempre", sostuvo Weisner.(FIN/2010)
lunes, 1 de marzo de 2010
LA LEGIÓN Y LOS VISITADORES
La Legión y los visitadores
En mayo de 2009 el Papa designó a cinco obispos, incluido el mexicano Ricardo Watty, para investigar a los Legionarios de Cristo y a su fallecido dirigente Marcial Maciel. Los resultados prevén cambios drásticos en la Congregación.
2010-02-28 | Milenio SemanalEnviar NotaImprimir
Foto: Claudio Onorati/ AP
Foto: Claudio Onorati/ AP
El superior de los Legionarios de Cristo, el mexicano Álvaro Corcuera, viendo la tormenta que se venía, hizo, el cuatro de febrero de 2009, el primer reconocimiento oficial de los crímenes de Marcial Maciel al aceptar que en su fundador se habían dado “actitudes no correspondientes a un sacerdote católico”. Declaración forzada por los acontecimientos que resultó del todo insuficiente ante la gravedad de los hechos.
Porque la doble vida y moral que llevó Maciel por más de 60 años hubiera sido imposible sin que ésta fuera solapada por los miembros de la congregación que fundó. El papa Juan Pablo II también lo encubrió. Él estaba enterado, al menos, de los resultados de las investigaciones sobre abusos sexuales y pederastia, aunque tal vez desconocía las relaciones de pareja a través de las cuales procreó varios hijos.
LA ORDEN DE BENEDICTO XVI
A la llegada de Benedicto XVI las cosas cambiaron. El nuevo Papa ordena, el 10 de marzo de 2009, ya muerto Marcial, una “visita apostólica” a la congregación de los Legionarios de Cristo con el propósito de investigar la existencia de posibles complicidades de los miembros con los delitos de Maciel y para hacerse una idea clara de lo que ocurría en la institución y con sus integrantes, y también, como después se supo, del tipo de relación que lleva la orden con los miembros laicos, hombres y mujeres, del Regnum Christi.
Benedicto XVI, antes de crear la comisión “visitadora”, suspende el cuarto voto de la Constitución legionaria que obliga a sus miembros a sólo confesarse con sus superiores y a guardar secreto respecto a los conflictos internos de la organización. El voto de secrecía ha sido una barrera tal vez infranqueable para realizar la investigación en las 125 casas religiosas, los 150 colegios y las nueve universidades con las que cuenta la congregación en 22 países, incluida la obra más importante de los legionarios, que es el movimiento laical Regnum Christi con todo y sus 70 mil miembros.
Dos semanas después de la orden papal, Corcuera, en carta luego pública del 30 de marzo, anunciaba la “visita apostólica”, pero calificándola de ayuda “para afrontar las actuales vicisitudes relacionadas con los hechos graves en la vida de nuestro padre fundador, que ya fueron objeto de las investigaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe concluida en 2006 y los que han salido a luz recientemente”. Corcuera, actual director general de los Legionarios de Cristo, fue muy cuidadoso con la figura de Maciel, al que todavía seguía llamado “nuestro padre fundador”. No pareció o no quiso entender que con la visita los legionarios estaban en la mira de las autoridades romanas: en esa carta no menciona ninguna de las investigaciones hechas con anterioridad, ni los delitos de pederastia o la morfinomanía de Maciel.
Una de las primeras investigaciones fue la realizada desde octubre de 1956 hasta febrero de 1959, ordenada por el cardenal Alfredo Ottaviani. La pesquisa estuvo a cargo del claretiano español Arcadio Lallaona y, como resultado de la misma, Maciel fue suspendido como superior general de su congregación y obligado a salir de Roma. Se sabe que entre las autoridades encargadas del caso se establecieron dos posiciones: los que sostenían que no había pruebas suficientes y quienes pensaban que las evidencias eran contundentes y había que actuar. Al final se exoneró a Maciel y no se hizo más, pero el fundador quedó marcado por la sospecha, aunque al interior de la orden esta investigación se catalogó como “la gran bendición”, dando a entender que la santidad de Maciel había triunfado sobre sus enemigos.
Corcuera tampoco hace referencia a la más reciente indagatoria que realizó la austriaca Martha Wegan, quien entregó al Vaticano, en octubre de 1998, un archivo con el título Absolutionis Complicis. Arturo Jurado et alii versus Rev. Marcial Maciel Degollado. El ángulo de este dossier era sobre la confesión que Maciel daba a sus víctimas luego de abusar de ellas, para acallarlas: este delito del derecho canónico, a diferencia de las transgresiones sexuales para la ley civil, no prescribe nunca a los ojos del Vaticano. El cardenal Joseph Ratzinger, presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, conoció el caso a inicios de 1999. Se sabe que lo impactó, pero decidió no actuar consciente de que cualquier movimiento en contra de Maciel sería rechazada por Juan Pablo II.
Ya como Benedicto XVI, sin embargo, Ratzinger decide castigar a Maciel. Primero lo expulsa de Roma y lo envía a un retiro forzado a Michoacán, obligándolo a “una vida reservada de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público” y, una vez muerto Maciel, en enero de 2008, da un paso más y ordena investigar a la Congregación. Para entonces era imposible esconder que Maciel, además de los abusos sexuales a sus seminaristas, había mantenido una amante con la que procreó una hija. Después se sabría de más parejas e hijos.
El obispo mexicano Ricardo Watty. Foto: Artúro Bermúdez
LA COMISIÓN VISITADORA
El cinco de mayo del 2009 la Curia Romana dio a conocer los nombre de los cinco integrantes de la comisión encargada de la investigación, todos obispos, que serían: Ricardo Watty, de Tepic, México; Charles Joseph Chaput, de Denver, Estados Unidos; Giuseppe Versaldi, de Alessandria, Italia; Ricardo Ezzati, de Concepción, Chile, y Ricardo Blázquez, de Bilbao, España. Anunció también que mientras duraran los trabajos de la comisión y hasta nueva orden la Curia mantendría la autoridad de la Congregación. En esa ocasión se dijo que los visitadores tendrían el mandato de valorar la vida religiosa, el funcionamiento institucional, las finanzas y la acción apostólica realizada por los legionarios. Se supo también que la comisión investigaría de cerca si había habido cómplices encubriendo las acciones de Maciel. En estos meses de trabajo cada miembro de la comisión se hizo responsable de una región: Watty, de México y Centroamérica; Chaput, de Estados Unidos y Canadá; Versaldi, de Italia, Israel, Corea y Filipinas; Ezzati de toda Sudamérica y Blázquez de Europa, con la excepción de Italia.
La investigación se ha extendido por 10 meses. Se sabe de mucha gente que ha solicitado a los integrantes de la Comisión ser recibida para ofrecer su testimonio sobre los abusos de Maciel y las irregularidades de los legionarios. El Papa encomendó a la comisión que al término de su trabajo le entregara los resultados. Ese momento ha llegado: el Vaticano ha solicitado a la comisión entregue el documento el próximo mes de marzo.
LOS RESULTADOS
Los miembros de la comisión han sido particularmente herméticos en dar a conocer su trabajo. Se sabe, con todo, que han hecho una investigación seria y exhaustiva; ellos conocen de la importancia que el Papa le ha dado al caso y son conscientes de la gravedad no sólo de los crímenes ya documentados sino del uso que Maciel hizo del sacramento de la confesión. Pero, a pesar del hermetismo, se han filtrado algunas de las contundentes conclusiones que confirman lo descubierto por las anteriores investigaciones (abusos sexuales, pederastia y drogadicción) y que añaden, esta vez con documentos probatorios, su relación de pareja con distintas mujeres con las cuales tuvo al menos cuatro hijos: cuatro que ya están reconocidos, pudiendo haber otros dos más.
En otro punto se asegura que el cuarto voto de los legionarios fue insaturado por Maciel como medida para mantener la secrecía, para que no se conociera su doble vida. El documento plantea también que plagió de un funcionario franquista el libro al que recurren con frecuencia los legionarios y sus seguidores; El salterio de mis días. Se dice también que la comisión tiene evidencias de que algunas de las autoridades legionarias se hicieron cómplices de Marcial al no denunciarlo, pero todavía fueron más allá y estuvieron dispuestas a protegerlo y permitirle siguiera su doble vida y moral, con el falso y fariseo argumento, utilizado con frecuencia por la Iglesia, de evitar el escándalo.
El Papa es el único que puede decidir si el documento se dará a conocer en su totalidad o apenas en partes. Haría bien en publicar el texto completo, respetando siempre la privacidad y el anonimato de las víctimas, pero no de los victimarios: eso le devolvería la credibilidad a los órganos que imparten justicia en la Curia Romana pero, sobre todo, a la Iglesia como un todo, dejando en claro que no hay privilegios para nadie y que los fieles pueden denunciar a los jerarcas y recibir justicia de sus pastores.
El obispo estadunidense Charles Joseph Chaput. Foto: AP
Que la Iglesia y los legionarios, aunque a destiempo, reconozcan lo hecho por Marcial los honraría. No hacerlo los convierte en cómplices. Al aceptarlo reconocen que la razón siempre ha estado en las víctimas y eso sería una manera de resarcir el enorme daño que se les hizo.
Estamos en presencia de un caso único en la Iglesia. El texto reconoce que Maciel resultó ser un estafador y que como tal vivió. Los legionarios, pero también la Iglesia, deben pedir perdón a las víctimas y a sus fieles del daño que les han hecho. Se sabe también que el texto propone hacer importantes modificaciones al estilo de vida religiosa que hasta ahora, al amparo y guía de Maciel, han llevado los legionarios. Entre ellas estarían cambios en sus órganos de gobierno, el manejo de las finanzas y la relación con sus seguidores. Se ha filtrado también que el texto plantea se abandone el culto a la personalidad de sus dirigentes y el sectarismo que tan bien los caracteriza.
Pero sólo el Papa puede tomar la decisión del camino a seguir respecto a los legionarios. Algunos reconocidos vaticanólogos plantean que lo más probable es que Benedicto XVI intervenga por algunos años a los legionarios, para garantizar que se den los cambios propuestos. Eso implica que será la Curia Romana quien, después de purgar a la actual jerarquía, nombrará al próximo superior: muy probablemente alguien de fuera de la congregación, tal vez un obispo o un cardenal.
Rubén Aguilar Valenzuela
En mayo de 2009 el Papa designó a cinco obispos, incluido el mexicano Ricardo Watty, para investigar a los Legionarios de Cristo y a su fallecido dirigente Marcial Maciel. Los resultados prevén cambios drásticos en la Congregación.
2010-02-28 | Milenio SemanalEnviar NotaImprimir
Foto: Claudio Onorati/ AP
Foto: Claudio Onorati/ AP
El superior de los Legionarios de Cristo, el mexicano Álvaro Corcuera, viendo la tormenta que se venía, hizo, el cuatro de febrero de 2009, el primer reconocimiento oficial de los crímenes de Marcial Maciel al aceptar que en su fundador se habían dado “actitudes no correspondientes a un sacerdote católico”. Declaración forzada por los acontecimientos que resultó del todo insuficiente ante la gravedad de los hechos.
Porque la doble vida y moral que llevó Maciel por más de 60 años hubiera sido imposible sin que ésta fuera solapada por los miembros de la congregación que fundó. El papa Juan Pablo II también lo encubrió. Él estaba enterado, al menos, de los resultados de las investigaciones sobre abusos sexuales y pederastia, aunque tal vez desconocía las relaciones de pareja a través de las cuales procreó varios hijos.
LA ORDEN DE BENEDICTO XVI
A la llegada de Benedicto XVI las cosas cambiaron. El nuevo Papa ordena, el 10 de marzo de 2009, ya muerto Marcial, una “visita apostólica” a la congregación de los Legionarios de Cristo con el propósito de investigar la existencia de posibles complicidades de los miembros con los delitos de Maciel y para hacerse una idea clara de lo que ocurría en la institución y con sus integrantes, y también, como después se supo, del tipo de relación que lleva la orden con los miembros laicos, hombres y mujeres, del Regnum Christi.
Benedicto XVI, antes de crear la comisión “visitadora”, suspende el cuarto voto de la Constitución legionaria que obliga a sus miembros a sólo confesarse con sus superiores y a guardar secreto respecto a los conflictos internos de la organización. El voto de secrecía ha sido una barrera tal vez infranqueable para realizar la investigación en las 125 casas religiosas, los 150 colegios y las nueve universidades con las que cuenta la congregación en 22 países, incluida la obra más importante de los legionarios, que es el movimiento laical Regnum Christi con todo y sus 70 mil miembros.
Dos semanas después de la orden papal, Corcuera, en carta luego pública del 30 de marzo, anunciaba la “visita apostólica”, pero calificándola de ayuda “para afrontar las actuales vicisitudes relacionadas con los hechos graves en la vida de nuestro padre fundador, que ya fueron objeto de las investigaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe concluida en 2006 y los que han salido a luz recientemente”. Corcuera, actual director general de los Legionarios de Cristo, fue muy cuidadoso con la figura de Maciel, al que todavía seguía llamado “nuestro padre fundador”. No pareció o no quiso entender que con la visita los legionarios estaban en la mira de las autoridades romanas: en esa carta no menciona ninguna de las investigaciones hechas con anterioridad, ni los delitos de pederastia o la morfinomanía de Maciel.
Una de las primeras investigaciones fue la realizada desde octubre de 1956 hasta febrero de 1959, ordenada por el cardenal Alfredo Ottaviani. La pesquisa estuvo a cargo del claretiano español Arcadio Lallaona y, como resultado de la misma, Maciel fue suspendido como superior general de su congregación y obligado a salir de Roma. Se sabe que entre las autoridades encargadas del caso se establecieron dos posiciones: los que sostenían que no había pruebas suficientes y quienes pensaban que las evidencias eran contundentes y había que actuar. Al final se exoneró a Maciel y no se hizo más, pero el fundador quedó marcado por la sospecha, aunque al interior de la orden esta investigación se catalogó como “la gran bendición”, dando a entender que la santidad de Maciel había triunfado sobre sus enemigos.
Corcuera tampoco hace referencia a la más reciente indagatoria que realizó la austriaca Martha Wegan, quien entregó al Vaticano, en octubre de 1998, un archivo con el título Absolutionis Complicis. Arturo Jurado et alii versus Rev. Marcial Maciel Degollado. El ángulo de este dossier era sobre la confesión que Maciel daba a sus víctimas luego de abusar de ellas, para acallarlas: este delito del derecho canónico, a diferencia de las transgresiones sexuales para la ley civil, no prescribe nunca a los ojos del Vaticano. El cardenal Joseph Ratzinger, presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, conoció el caso a inicios de 1999. Se sabe que lo impactó, pero decidió no actuar consciente de que cualquier movimiento en contra de Maciel sería rechazada por Juan Pablo II.
Ya como Benedicto XVI, sin embargo, Ratzinger decide castigar a Maciel. Primero lo expulsa de Roma y lo envía a un retiro forzado a Michoacán, obligándolo a “una vida reservada de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público” y, una vez muerto Maciel, en enero de 2008, da un paso más y ordena investigar a la Congregación. Para entonces era imposible esconder que Maciel, además de los abusos sexuales a sus seminaristas, había mantenido una amante con la que procreó una hija. Después se sabría de más parejas e hijos.
El obispo mexicano Ricardo Watty. Foto: Artúro Bermúdez
LA COMISIÓN VISITADORA
El cinco de mayo del 2009 la Curia Romana dio a conocer los nombre de los cinco integrantes de la comisión encargada de la investigación, todos obispos, que serían: Ricardo Watty, de Tepic, México; Charles Joseph Chaput, de Denver, Estados Unidos; Giuseppe Versaldi, de Alessandria, Italia; Ricardo Ezzati, de Concepción, Chile, y Ricardo Blázquez, de Bilbao, España. Anunció también que mientras duraran los trabajos de la comisión y hasta nueva orden la Curia mantendría la autoridad de la Congregación. En esa ocasión se dijo que los visitadores tendrían el mandato de valorar la vida religiosa, el funcionamiento institucional, las finanzas y la acción apostólica realizada por los legionarios. Se supo también que la comisión investigaría de cerca si había habido cómplices encubriendo las acciones de Maciel. En estos meses de trabajo cada miembro de la comisión se hizo responsable de una región: Watty, de México y Centroamérica; Chaput, de Estados Unidos y Canadá; Versaldi, de Italia, Israel, Corea y Filipinas; Ezzati de toda Sudamérica y Blázquez de Europa, con la excepción de Italia.
La investigación se ha extendido por 10 meses. Se sabe de mucha gente que ha solicitado a los integrantes de la Comisión ser recibida para ofrecer su testimonio sobre los abusos de Maciel y las irregularidades de los legionarios. El Papa encomendó a la comisión que al término de su trabajo le entregara los resultados. Ese momento ha llegado: el Vaticano ha solicitado a la comisión entregue el documento el próximo mes de marzo.
LOS RESULTADOS
Los miembros de la comisión han sido particularmente herméticos en dar a conocer su trabajo. Se sabe, con todo, que han hecho una investigación seria y exhaustiva; ellos conocen de la importancia que el Papa le ha dado al caso y son conscientes de la gravedad no sólo de los crímenes ya documentados sino del uso que Maciel hizo del sacramento de la confesión. Pero, a pesar del hermetismo, se han filtrado algunas de las contundentes conclusiones que confirman lo descubierto por las anteriores investigaciones (abusos sexuales, pederastia y drogadicción) y que añaden, esta vez con documentos probatorios, su relación de pareja con distintas mujeres con las cuales tuvo al menos cuatro hijos: cuatro que ya están reconocidos, pudiendo haber otros dos más.
En otro punto se asegura que el cuarto voto de los legionarios fue insaturado por Maciel como medida para mantener la secrecía, para que no se conociera su doble vida. El documento plantea también que plagió de un funcionario franquista el libro al que recurren con frecuencia los legionarios y sus seguidores; El salterio de mis días. Se dice también que la comisión tiene evidencias de que algunas de las autoridades legionarias se hicieron cómplices de Marcial al no denunciarlo, pero todavía fueron más allá y estuvieron dispuestas a protegerlo y permitirle siguiera su doble vida y moral, con el falso y fariseo argumento, utilizado con frecuencia por la Iglesia, de evitar el escándalo.
El Papa es el único que puede decidir si el documento se dará a conocer en su totalidad o apenas en partes. Haría bien en publicar el texto completo, respetando siempre la privacidad y el anonimato de las víctimas, pero no de los victimarios: eso le devolvería la credibilidad a los órganos que imparten justicia en la Curia Romana pero, sobre todo, a la Iglesia como un todo, dejando en claro que no hay privilegios para nadie y que los fieles pueden denunciar a los jerarcas y recibir justicia de sus pastores.
El obispo estadunidense Charles Joseph Chaput. Foto: AP
Que la Iglesia y los legionarios, aunque a destiempo, reconozcan lo hecho por Marcial los honraría. No hacerlo los convierte en cómplices. Al aceptarlo reconocen que la razón siempre ha estado en las víctimas y eso sería una manera de resarcir el enorme daño que se les hizo.
Estamos en presencia de un caso único en la Iglesia. El texto reconoce que Maciel resultó ser un estafador y que como tal vivió. Los legionarios, pero también la Iglesia, deben pedir perdón a las víctimas y a sus fieles del daño que les han hecho. Se sabe también que el texto propone hacer importantes modificaciones al estilo de vida religiosa que hasta ahora, al amparo y guía de Maciel, han llevado los legionarios. Entre ellas estarían cambios en sus órganos de gobierno, el manejo de las finanzas y la relación con sus seguidores. Se ha filtrado también que el texto plantea se abandone el culto a la personalidad de sus dirigentes y el sectarismo que tan bien los caracteriza.
Pero sólo el Papa puede tomar la decisión del camino a seguir respecto a los legionarios. Algunos reconocidos vaticanólogos plantean que lo más probable es que Benedicto XVI intervenga por algunos años a los legionarios, para garantizar que se den los cambios propuestos. Eso implica que será la Curia Romana quien, después de purgar a la actual jerarquía, nombrará al próximo superior: muy probablemente alguien de fuera de la congregación, tal vez un obispo o un cardenal.
Rubén Aguilar Valenzuela
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